SANTA FE: Unos 120 suboficiales siguen sin arma ni uniforme y denuncian que los destinan a limpiar comisarías

Egresaron del ISEP, fueron nombrados por decreto en febrero y tienen credencial policial, pero todavía desconocen por qué no recibieron el equipamiento reglamentario. Aseguran que fueron distribuidos en dependencias para realizar “tareas diferentes”, temen ser trasladados al escalafón administrativo y denuncian que nadie les informa cuál será su futuro.

A casi cinco meses del acto oficial en el que el Gobierno de Santa Fe anunció la incorporación y el equipamiento de nuevos policías, alrededor de 120 suboficiales continúan sin recibir arma reglamentaria, chaleco balístico ni uniforme completo.

Los jóvenes egresaron del Instituto de Seguridad Pública, completaron dos años de formación, fueron incluidos en el decreto de nombramiento de febrero de 2026 y poseen credencial policial. Sin embargo, mientras la mayoría de sus compañeros comenzó a prestar servicios operativos, este grupo fue apartado sin una explicación oficial y distribuido en distintas comisarías y dependencias.

Según el testimonio de una de las afectadas, algunos realizan tareas de limpieza y mantenimiento, sin conocer cuál es el motivo de esa asignación ni cuánto tiempo se prolongará.

“Nos recibimos de suboficiales de Policía, no de empleados municipales”, expresó con angustia.

La situación ya no puede explicarse como una simple demora en la entrega de equipamiento.

Estamos ante personal formalmente nombrado por el Estado que desconoce por qué no puede ejercer la función para la cual fue formado.

De 350 casos iniciales quedarían alrededor de 120 sin resolver

En febrero, APROPOL  Noticias informó que aproximadamente 350 egresados incluidos en el decreto de nombramiento no habían recibido su equipamiento debido a la ausencia de un apto definitivo de Medicina Legal. 

La cantidad habría disminuido con el paso de los meses, pero el problema continúa para unos 120 suboficiales.

La diferencia es importante.

Algunos agentes pudieron completar los trámites pendientes y fueron incorporados al servicio ordinario. Otros, en cambio, permanecen en una especie de limbo administrativo: son policías para el decreto, para el legajo y para la credencial, pero no pueden portar armamento ni desempeñar las funciones correspondientes al escalafón de Seguridad.

El Gobierno provincial había anunciado oficialmente que entregaría a 811 nuevos suboficiales una pistola Bersa calibre 9 milímetros, chaleco balístico y uniforme de fajina completo, mediante una inversión informada en 33.000 millones de pesos. Según el comunicado oficial, con esa provisión los egresados quedarían formalmente incorporados al servicio.

Para estos 120 trabajadores, aquella incorporación todavía no se concretó en los hechos.

Nombrados por decreto, pero tratados como personal en observación

Los afectados sostienen que aprobaron las instancias académicas, psicológicas y médicas requeridas durante los dos años de cursado.

El proceso de ingreso al ISEP exige condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el Escalafón General, Subescalafón Seguridad, además de la aprobación de los exámenes psicológicos y médicos correspondientes.

Pese a ello, después del egreso y del nombramiento habría aparecido una nueva evaluación cuyo contenido no fue informado claramente.

Algunos fueron convocados para realizar estudios adicionales. Otros aseguran que no recibieron ninguna notificación previa ni explicación individual sobre posibles observaciones médicas o psicológicas.

Esta falta de información genera una pregunta elemental: si existe una objeción concreta sobre la aptitud de cada agente, ¿por qué no se la comunica formalmente y se le permite ejercer su derecho de defensa? 

No se puede mantener durante meses a una persona bajo sospecha administrativa sin decirle qué se le observa, quién tomó la decisión, qué estudio falta y cuál es el procedimiento para revisarla.

“Nos repartieron un poco en cada comisaría”

El testimonio recibido por APROPOL describe una situación de profunda frustración.

“Somos aproximadamente 120 suboficiales que no recibimos armamento ni uniforme. Sin novedad previa estamos con tareas diferentes. No sabemos el motivo y nadie nos da respuestas”.

La joven policía explicó que fueron distribuidos en distintas dependencias y que algunos quedaron asignados a labores de limpieza.

“Nos repartieron un poco en cada comisaría, en cada lugar, limpiando. Nos recibimos y parecemos empleados municipales. Es una lástima y una vergüenza”.

No existe indignidad en realizar tareas de limpieza. Todo trabajo merece respeto.

El problema es otro: fueron formados durante dos años como personal policial del escalafón de Seguridad, nombrados mediante un acto administrativo para esa función y, sin explicación, son utilizados en actividades distintas de aquellas para las cuales ingresaron.

La asignación aparece entonces no como una necesidad ocasional del servicio, sino como una forma de mantenerlos ocupados mientras el Estado posterga una definición.

Compañeros de la misma promoción ya están en la calle

La incertidumbre se profundiza porque otros integrantes de la misma promoción recibieron su equipamiento y comenzaron a trabajar normalmente.

Mientras algunos egresados patrullan las calles, los afectados permanecen en las comisarías sin arma, chaleco o uniforme completo.

También denuncian diferencias en la entrega de elementos administrativos y medios de identificación institucional.

“Compañeros de nuestra misma promoción recibieron todo. A nosotros nos dejaron de lado. No sabemos si es por algo psicológico, por falta de armamento o por otra razón. No entendemos nada”.

Esta desigualdad dentro de una misma cohorte requiere una explicación técnica y administrativa.

Si la diferencia responde a evaluaciones individuales, cada agente debe conocer el resultado.

Si responde a falta de equipamiento, el Ministerio debe informar qué elementos faltan y cuándo serán entregados.

Y si existe una decisión de modificar su situación escalafonaria, debe notificarse por escrito y con los fundamentos  legales correspondientes. 

Lo inadmisible es el silencio.

Temor a pasar al escalafón administrativo

Entre los suboficiales circula la versión de que podrían ser transferidos al escalafón administrativo.

Hasta el momento no se conoce una comunicación oficial que confirme esa posibilidad.

Sin embargo, el solo rumor genera temor porque no se trataría de un cambio menor.

Los afectados ingresaron, cursaron y egresaron con una formación correspondiente al escalafón de Seguridad. Fueron preparados para tareas preventivas, operativas y de intervención policial.

“Se dice que pueden cambiarnos al escalafón administrativo. Sería una locura. Estuvimos dos años internos y no tenemos la misma formación. ¿Por qué nos hicieron a un lado? Queremos una respuesta, aunque sea para saber en qué estamos mal”.

Modificar el escalafón después del nombramiento podría afectar la carrera, los destinos, las funciones, los adicionales y las posibilidades futuras de ascenso.

Una decisión de esa magnitud no puede tomarse mediante rumores de pasillo ni aplicarse colectivamente como salida improvisada a un problema originado por la propia administración.

El miedo también impide reclamar

La mayoría de los afectados habría consultado abogados o iniciado gestiones para obtener información.

Otros todavía no lo hicieron por temor a sufrir represalias o quedar excluidos definitivamente de la institución.

Una de las suboficiales lo expresó con claridad:

“En mi caso no puse abogado por miedo. Pienso que, por reclamar, pueden dejarnos afuera”.

Ese temor es especialmente grave.

Un trabajador nombrado por el Estado debería poder solicitar información sobre su legajo, su aptitud y su destino sin considerar que ese reclamo puede costarle el empleo.

Cuando el silencio se mantiene mediante el miedo, deja de ser una deficiencia comunicacional y se convierte en una forma de disciplinamiento.

La institución debe garantizar canales administrativos seguros y transparentes para que los agentes puedan conocer su situación sin quedar señalados.

Una credencial no alcanza para ser policía

El Estado ya les reconoció formalmente la condición policial.

Tienen decreto de nombramiento, legajo y credencial.

Pero una credencial guardada en un bolsillo no resuelve su incorporación real al servicio.

Un policía necesita saber a qué escalafón pertenece, qué funciones debe cumplir, cuál es su destino, si se encuentra apto para portar armamento y qué equipamiento le corresponde.

Debe conocer también si existe alguna observación en su examen psicofísico y qué mecanismos tiene para revisarla.

No es razonable entregar primero una credencial y descubrir después que faltaba establecer si la persona reunía las condiciones definitivas para la función.

La secuencia administrativa debería ser exactamente la contraria: evaluar, resolver, notificar y recién entonces nombrar.

Cuando el decreto aparece antes de la decisión médica definitiva, la desorganización del Estado recae sobre el trabajador.

La inversión millonaria no resolvió la improvisación

El Gobierno presentó la entrega de febrero como una inversión inédita.

La provisión de armamento, chalecos y uniformes sin costo personal constituye una medida positiva. Durante muchos años, los trabajadores policiales debieron comprar con su propio salario elementos básicos para ejercer su función.

Pero una inversión de 33.000 millones de pesos no puede medirse solamente por la fotografía del acto oficial.

También debe evaluarse por su ejecución efectiva.

Si decenas de policías nombrados siguen sin recibir los elementos anunciados, si no conocen su aptitud definitiva y si son distribuidos en tareas ajenas a su formación, existe un problema que ninguna ceremonia puede ocultar.

La gestión pública no termina cuando se corta una cinta, se entrega una pistola ante las cámaras o se difunde una cifra millonaria.

Termina cuando todos los trabajadores alcanzados por la medida reciben aquello que les corresponde y conocen claramente su situación.

No son cadetes ni aspirantes

Otro aspecto debe quedar claro: estos jóvenes ya no son cadetes.

Son suboficiales de la Policía de Santa Fe. 

Cumplieron el período de formación, aprobaron las materias, egresaron y fueron designados por decreto.

No pueden ser tratados indefinidamente como aspirantes sometidos a una evaluación informal y permanente.

Si su nombramiento se encuentra condicionado a un apto definitivo, esa condición debería surgir expresamente del acto administrativo y ser notificada a cada interesado.

Si el nombramiento es pleno, el Estado debe explicar por qué no les permite ejercer la función.

Y si existe una causal de inaptitud, deberá dictarse una resolución individual, fundada y susceptible de revisión.

Lo que no corresponde es inventar una categoría intermedia: policías para limpiar dependencias, pero no para desempeñar la tarea para la cual fueron incorporados.

El silencio institucional aumenta el daño

La falta de respuestas produce angustia, frustración y sensación de abandono.

Estos jóvenes dedicaron dos años de su vida a una formación exigente. Muchos dejaron sus hogares, atravesaron períodos de internado, realizaron prácticas y soportaron un régimen disciplinario intenso.

Al egresar esperaban comenzar una carrera policial.

Meses después, algunos no saben si continuarán en el escalafón de Seguridad, si serán transferidos, si deben repetir estudios o si existe algún informe desfavorable en sus legajos.

La incertidumbre también alcanza a sus familias, que acompañaron el proceso de formación y hoy observan cómo una decisión administrativa sin explicación pone en duda todo el esfuerzo realizado.

No es posible hablar seriamente de cuidado de la salud mental policial mientras el propio Estado mantiene a su personal en semejante situación.

APROPOL exige respuestas concretas

Desde APROPOL solicitamos al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Jefatura de Policía que informen públicamente:

• La cantidad exacta de suboficiales que todavía no recibieron armamento, chaleco y uniforme.
• El motivo individual o general por el cual permanecen apartados de las funciones operativas.
• Si existen evaluaciones médicas o psicológicas pendientes.
• Qué organismo ordenó esas evaluaciones y bajo qué criterios.
• Cuál es el plazo previsto para resolver cada caso.
• Qué fundamento tienen las denominadas “tareas diferentes”.
• Si existe un proyecto para trasladarlos al escalafón administrativo.
• Qué recursos administrativos pueden interponer los agentes afectados.
• Si perciben la totalidad del salario y de los suplementos correspondientes a su nombramiento.

No se trata de reclamar que se entregue un arma a una persona que no reúne las condiciones necesarias.

La aptitud psicofísica debe evaluarse con seriedad, especialmente en una función que implica portar armamento y ejercer autoridad pública.

Pero la seriedad también exige procedimientos claros, decisiones fundadas, notificaciones individuales y derecho de revisión. 

La prevención no puede convertirse en arbitrariedad.

Son policías, no descartables administrativos

Los aproximadamente 120 suboficiales no están reclamando privilegios.

Quieren saber por qué fueron separados de sus compañeros, cuál es su situación real y qué futuro les reserva la institución.

Reclaman que se respete el decreto que los nombró y la formación que recibieron.

El Estado no puede utilizarlos como personal disponible para cualquier tarea mientras evita resolver el problema que él mismo generó.

Son trabajadores policiales.

No son una estadística, una lista pendiente de Medicina Legal ni un sobrante de una promoción numerosa.

Tampoco son descartables administrativos que puedan permanecer indefinidamente estacionados en una comisaría hasta que alguien decida qué hacer con ellos.

El Gobierno debe responder.

Porque la transparencia no es una concesión y el derecho a conocer la propia situación laboral no depende de la buena voluntad de un funcionario.

Después de dos años de formación y cinco meses de incertidumbre, estos suboficiales merecen una definición inmediata, individual y fundada.

Fueron nombrados policías. El Estado debe explicar por qué todavía no les permite serlo plenamente.

(*) Periodista. Corresponsal en Rosario