La Justicia Federal intervino tras la difusión de imágenes que muestran fajos de moneda extranjera en una propiedad de San Vicente.
El frente judicial que enfrentan el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires,Martín Insaurralde, y su exesposaJésica Cirio, sumó un nuevo procedimiento de alto impacto institucional. Este domingo, el titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso una serie deallanamientos simultáneosmotivados por la reciente aparición pública de filmaciones que registran a la modelo y conductora exhibiendo importantes sumas de dólares en efectivo en el interior de un vestidor.
La medida fue ejecutada por efectivos de la Gendarmería Nacional a requerimiento del fiscal Sergio Mola, quien lidera la instrucción por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los operativos se concentraron en dos puntos clave: un inmueble vinculado a Cirio sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo, y el domicilio de la localidad de Banfield, donde su actual cónyuge, el financistaElías Piccirillo, se encuentra bajo el régimen de detención domiciliaria en el marco de otra investigación por presunto cohecho y armado de falsos procedimientos policiales.
De acuerdo con fuentes con acceso directo al expediente, las órdenes de presentación apuntaban al secuestro de dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares, computadoras portátiles y unidades de almacenamiento de memoria; sin embargo, las primeras revisiones indicaron queno se hallaron elementos informáticos de relevanciainmediata para el desarrollo de la causa.
El impacto de la nueva evidencia en la causa matriz
Las filmaciones bajo análisis técnico, que habrían sido registradas en 2023 dentro del lote familiar del barrio cerradoFincas de San Vicente, muestran fajos de billetes guardados en valijas, estantes y cajones. Para el Ministerio Público, el volumen de efectivo expuesto robustece la hipótesis de la fiscalía respecto a la existencia de un patrimonio no declarado que excede la capacidad de ingresos de los imputados, quienes ya se encuentran bajo una inhibición general de bienes dictada por los tribunales federales.
La investigación de fondo se remonta a octubre de 2023, tras desatarse el escándalo por el viaje de lujo que Insaurralde realizó a las costas de Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yateBandido. El dictamen fiscal reseña una serie de activos y gastos que el exfuncionario no ha logrado justificar ante las autoridades:
Bienes inmuebles:La edificación de una residencia de 841 metros cuadrados cubiertos en San Vicente y una propiedad en el partido de Lomas de Zamora.
Vehículos y cuentas:La adquisición de rodados de alta gama y el movimiento de cuentas bancarias en pesos con flujos millonarios entre los años 2011 y 2021.
Traslados internacionales:Un registro migratorio que detalla75 viajes al exterior, de los cuales solo uno revistió carácter oficial, con erogaciones en moneda extranjera que superan los estándares de la administración pública.
La respuesta de la conductora: Denuncia por hackeo y extorsión previa
Pocas horas después de conocerse los operativos ordenados por el juez Armella, el entorno de Jésica Cirio difundió un descargo formal en el que se contextualizó el origen de las imágenes y se rechazaron las imputaciones sobre el manejo de fondos espurios. En la misiva, la modelo aseguró ser víctima de una maniobra dechantaje sostenido en el tiempo."Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado", argumentó la conductora.
La defensa técnica de la imputada remarcó que la situación ya se encuentra judicializada ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Ciudad de Buenos Aires bajo la carátula de extorsión, un trámite iniciado con anterioridad a que los archivos tomaran estado público en los medios de comunicación. Asimismo, el comunicado advierte que el material audiovisual difundido presenta "manipulaciones digitales en su contenido", evidenciadas a través de cortes sucesivos en la edición de las secuencias presentadas ante la opinión pública.