Por el contrario, la calificación de los episodios recientes bajo la categoría de delitos financieros es mayoritaria. Para el 62,1% de la población, las explicaciones ofrecidas desde la Jefatura de Gabinete respecto de las transacciones en moneda extranjera y las refacciones edilicias resultan insuficientes, catalogando el escenario de forma directa como un proceso de presunto enriquecimiento ilícito. Ante este panorama, el margen de maniobra político para sostener al funcionario en la cúpula del organigrama estatal comienza a reducirse de cara al segundo semestre del año.




















