La situación judicial de José Luis Espert sumó una complicación institucional de máxima gravedad. El fiscal federal Fernando Domínguez formalizó este miércoles un pedido de declaración indagatoria para el exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero. Las acusaciones giran en torno a los vínculos financieros del referente liberal con el polémico empresario de la aviación Federico "Fred" Machado.
La solicitud fue elevada ante el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, quien deberá determinar si hace lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal y fija la fecha para que el dirigente oficialista preste declaración como imputado.
La ruta de los fondos y los bienes bajo sospecha
De acuerdo con el dictamen judicial, la fiscalía recolectó indicios que contradicen la versión inicial aportada por la defensa del economista. El foco de la investigación se centra en una transferencia bancaria internacional por un monto de USD 200.000, enviada en el año 2020 desde una cuenta radicada en los Estados Unidos vinculada a las firmas de Machado. Aquel movimiento formaba parte de un convenio marco de consultoría técnica cuyo valor global estipulado ascendía al millón de dólares.
La hipótesis que sostiene la acusación pública apunta a que Espert habría intentado canalizar y otorgar apariencia de licitud a esos fondos mediante la adquisición de bienes de alta gama y operaciones de inversión local. Entre las operaciones bajo la lupa se destacan:
La compra de un vehículo marca BMW.
La adquisición de un automóvil de lujo Lexus.
Diversos aportes de capital transferidos hacia un fideicomiso inmobiliario denominado Dunas.
El requerimiento fiscal no se limitó únicamente a la figura del exlegislador de La Libertad Avanza. El fiscal Domínguez incluyó en el pedido de indagatoria a Varianza S.A., la sociedad comercial de Espert, bajo la sospecha de haber confeccionado informes contables adulterados para justificar el ingreso de las divisas. Asimismo, se solicitó el llamado a declaración de Mariano Cosentino, contador de confianza del dirigente político, señalado como presunto partícipe necesario en el entramado financiero.
El factor Fred Machado y la controvertida consultoría en Guatemala
El trasfondo del expediente se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando Machado aportó infraestructura logística y aeronáutica para los traslados proselitistas del economista. El perfil del empresario se derrumbó poco después al ser arrestado en la provincia de Neuquén tras un pedido de captura internacional de Interpol, acusándolo de estar ligado a operaciones de narcotráfico. En mayo pasado, el propio Machado selló un acuerdo con los tribunales norteamericanos donde se declaró culpable por los delitos federales de fraude y lavado de activos.
Cuando estalló el escándalo público, Espert esgrimió que las transferencias en dólares correspondían a honorarios profesionales legítimos por un asesoramiento minero que brindó para una explotación comercial en la República de Guatemala.
Sin embargo, los peritajes de la fiscalía federal sembraron profundas dudas sobre la veracidad del servicio. El dictamen detalla que los registros migratorios oficiales demuestran que el imputado nunca viajó al país centroamericano, que los yacimientos vinculados al contrato carecían de operatividad real al momento del presunto asesoramiento y que no se logró incorporar a la causa ninguna prueba documental o técnica que certifique la realización efectiva de las tareas de consultoría facturadas.
Mientras el juez Mirabelli analiza las solicitudes de indagatoria presentadas por el Ministerio Público, el exdirigente legislativo de La Libertad Avanza enfrenta una delicada realidad patrimonial. Por orden de los tribunales federales, se mantiene vigente una inhibición general de bienes y el congelamiento preventivo de sus activos bancarios, lo que le impide enajenar propiedades o disponer libremente de sus fondos, quedando exceptuado únicamente de aquellos montos indispensables autorizados por el juzgado para cubrir sus gastos de subsistencia cotidiana.
