El Gobierno de Santa Fe intimó a familiares de alumnos identificados como autores de amenazas en escuelas para que afronten los costos de los operativos de seguridad desplegados en cada caso. La decisión se da en un contexto de proliferación de mensajes sobre supuestos “tiroteos” en establecimientos educativos, que aparecieron pintados en baños o escritos en papeles dejados en distintos sectores de los edificios.
Sin embargo, una de las familias alcanzadas por la medida decidió recurrir a la vía legal y apelará la intimación, que les exige el pago de alrededor de seis millones de pesos por el operativo policial generado tras la denuncia.
El abogado patrocinante, Rodolfo Mingarini, cuestionó tanto la calificación del hecho como el monto reclamado. En diálogo con Sol Play, sostuvo que lo ocurrido no constituye una amenaza en términos legales: “No se trata de una amenaza, una amenaza es otra cosa. La amenaza es cuando alguien intimida a otra persona con el anuncio de un mal inminente y de esa manera esa persona hace lo que no quiere hacer o deja de hacer lo que tiene que hacer y tiene que haber intención y es dirigido a una persona en particular”.
Respecto al monto reclamado por la Provincia, Mingarini fue crítico: “No es una multa, porque para que sea una multa tiene que estar prevista la infracción previamente. El ministro le manda a la asesora legal y técnica de su ministerio una directiva interna para que ponga en funcionamiento algún sistema para llevar adelante y en forma genérica sin ningún tipo de precisión o daño o costo operativo o lo que sea”.
En la misma línea, cuestionó el criterio de cobro: “Con el mismo criterio, cobrame cuando llamo a la policía para que me venga a verificar si no tengo alguien que me está robando mi casa”.