Caso "Chocolate": proponen penas y abren la puerta a evitar el juicio oral por el millonario desvío de fondos

La causa conocida como “Chocolate” Rigau sumó un nuevo capítulo con la audiencia en la que la fiscal de juicio Viviana Arturi expuso su pedido de penas para los más de 50 imputados. El dato central que atraviesa todo el expediente se mantiene: ninguno de los acusados está alojado en una cárcel común. Los principales imputados cumplen arresto domiciliario y el resto transita el proceso en libertad.

La fiscal solicitó condenas de entre 4 y 6 años de prisión para Julio “Chocolate” Rigau, Claudio Albini y su hijo Facundo Albini, señalados como los organizadores de la maniobra. Para el resto de los imputados, en su mayoría identificados como “tarjeteros”, pidió penas de ejecución condicional.

La audiencia se realizó de manera virtual y participaron, además de la fiscal, representantes de la Fiscalía de Estado, de la ONG Poder Ciudadano y los abogados defensores de los imputados.

Un esquema de desvío de fondos en la Legislatura

La investigación sostiene que existió una estructura destinada a desviar fondos públicos de la Cámara de Diputados bonaerense mediante la utilización de empleados “fantasma”. Estas personas figuraban en los registros oficiales, pero no cumplían funciones reales.

Según la acusación, el mecanismo consistía en abrir cuentas bancarias a nombre de estos supuestos empleados y retirar sus haberes a través de tarjetas de débito. Esos fondos eran luego recolectados por integrantes de la organización.

En la cúspide de ese esquema aparecen Rigau, puntero político del Frente Renovador, junto a Claudio Albini, exfuncionario de la Legislatura, y su hijo Facundo Albini, exconcejal platense.

El origen del caso: la detención de Rigau

El expediente se inició en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero automático ubicado en pleno centro de La Plata. En ese momento, estaba realizando extracciones de dinero con múltiples tarjetas de débito.

De acuerdo con la investigación, ese día utilizó unas 40 tarjetas para retirar dinero en efectivo. La maniobra fue advertida por un agente de control urbano, lo que derivó en la intervención policial y el inicio de la causa judicial.

A partir de ese hecho, la fiscalía avanzó con el análisis de movimientos bancarios, documentación oficial y declaraciones testimoniales. Se estima que el circuito habría movido cientos de millones de pesos.

El derrotero judicial y los cambios en las detenciones

Desde su inicio, la causa tuvo un recorrido judicial con resoluciones contradictorias, especialmente en torno a la situación procesal de los principales acusados.

En el caso de Claudio y Facundo Albini, el juez de garantías Guillermo Atencio les había concedido en un primer momento el arresto domiciliario. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, que ordenó que continuaran detenidos en una unidad penitenciaria.

Posteriormente, la Cámara de Casación bonaerense volvió a otorgarles la prisión domiciliaria. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó ese criterio, dejándolos nuevamente fuera de una cárcel común.

Rigau, por su parte, también se encuentra con arresto domiciliario, en una situación que fue resuelta con anterioridad.

De este modo, en la actualidad, los tres principales acusados están detenidos en sus viviendas, monitoreados con tobillera electrónica.

Más de 50 imputados y distintas responsabilidades

El expediente incluye a más de 50 personas. Además de los presuntos organizadores, aparecen los denominados “tarjeteros”, quienes figuraban como empleados legislativos y cuyos datos eran utilizados para realizar las extracciones.

Para este grupo, la fiscalía propuso penas de ejecución condicional. Esto implica que, en caso de condena, no cumplirían prisión efectiva, siempre que respeten determinadas reglas de conducta.

La magnitud del número de imputados es uno de los factores que complejiza la realización de un juicio oral con todos los acusados.

La posibilidad de evitar el juicio oral

El planteo de la fiscalía abre la puerta a la posibilidad de acuerdos entre las partes. La exposición de las penas pretendidas funciona como un punto de partida para eventuales negociaciones.

En ese contexto, algunas defensas evalúan alternativas como el juicio abreviado o mecanismos que permitan reducir el alcance del debate oral.
Incluso, la defensa de Rigau, a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, planteó la realización de una pericia para determinar el monto exacto del perjuicio económico, con el objetivo de analizar una eventual reparación del daño.

Estas herramientas están previstas en la legislación, aunque su aplicación en un caso de estas características, vinculado a fondos públicos, genera discusión.

En la audiencia también tuvo un fuerte protagonismo el amplio abanico de defensas técnicas que representan a los imputados, entre las que se destacan los mecionados Gascón y Miguel —a cargo de la estrategia de Julio “Chocolate” Rigau—, junto a reconocidos penalistas del foro platense como Gastón Nicocia, Damián Barbosa, Sebastián Bouvet, Julián Rimada, Javier Fernández y Fabián Améndola, quienes, con distintos planteos y líneas de defensa, intervinieron en la discusión sobre las eventuales salidas alternativas y el alcance de las responsabilidades en uno de los expedientes más complejos y voluminosos de los tribunales de La Plata.

Un caso elevado a juicio, pero sin fecha definida

La causa ya fue elevada a juicio oral y quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata. Sin embargo, el proceso todavía no tiene fecha de inicio.

Este escenario refuerza la posibilidad de que parte del expediente se resuelva mediante acuerdos antes de llegar a debate.

Sin detenidos en cárceles comunes

El dato más relevante en la actualidad del caso es que ninguno de los imputados está alojado en una cárcel común.

Los principales acusados cumplen arresto domiciliario, mientras que el resto permanece en libertad o con medidas menos gravosas.

Esta situación se mantiene pese a la gravedad de los hechos investigados y al volumen de dinero que, según la acusación, habría sido desviado del Estado.

En ese marco, el expediente avanza hacia una definición en la que se pondrá en juego no solo la responsabilidad penal de los imputados, sino también el alcance de las herramientas procesales para resolver uno de los casos de corrupción más resonantes de la provincia de Buenos Aires en los últimos años.

En cuanto a los imputados, la causa alcanza a más de 50 personas, encabezadas por Claudio Gustavo Albini, Facundo Mario Albini y Julio Segundo Rigau, y completada por Diego Berón, María Amanda Albino, Mabel Susana Alvear, Graciela del Carmen Anivarro, Daniel Alfredo Mederos, María Cecilia D’Ovidio, Raúl Horacio Boragina, Mónica Patricia Carbeta, Brenda Gisele Caro, Marisol Correa, Ernesto Fabián Crivaro, Arturo Teodomiro Falcón Ramírez, Perla Adriana De Micheli, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Flavia Antonella Di Rosa, Raúl Marcelo Folone, José Alberto Da Ponte, Ricardo González, Diego Guillermo Koster, Lucas Damián Lucero, Lidia Leonor Malmaceda, Sheila Belén Maroni, Ágata Solange Plana, Silvia Marcela Pérez, Rubén Alberto Mendívil, Ramiro Alberto Pascual, Matías Federico Pecile, Juan Martín Méndez, Gerardo Rigau, Enzo Mariano Plana, Patricio Pascual Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Alejandro Raverllat, Álvaro Agra, Ramón Raúl Silva, Maximiliano Gastón Rigau, Aldana Ayelén Rodríguez, Antonio Javier Rodríguez, Ricardo Mario Sánchez, Ramón Alberto Sosa, Juan José Tocci, Paula Alejandra Valdata, Juan Marcos Miguel Vallejos y Óscar Antonio Vrcic, todos acusados en distintos grados de participación dentro de la maniobra investigada.

FUENTE: BORDER PERIODISMO