La entidad destaca el consenso político alcanzado y la importancia de la medida para fortalecer la competitividad de Rafaela. Y llama a profundizar el debate sobre el esquema tributario y una estrategia integral de promoción de inversiones.
La aprobación del Régimen Rafaelino de Incentivo para Grandes Inversiones (RRIGI) en el Concejo Municipal marca un nuevo capítulo en la estrategia de desarrollo económico local, con un esquema de beneficios fiscales que apunta a posicionar a la ciudad en la disputa por atraer capitales, generar empleo y fortalecer su entramado productivo.
El aval legislativo, concretado en la sesión del último jueves, fue valorado por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), que destacó la iniciativa como “un paso importante para fortalecer la competitividad de la ciudad en un contexto en el cual los territorios compiten activamente por atraer inversiones”.
Desde la entidad empresaria subrayaron además el consenso político alcanzado entre el Departamento Ejecutivo y los distintos bloques del Concejo, al tiempo que remarcaron que el verdadero impacto del régimen dependerá de su implementación. En ese sentido, advirtieron sobre la necesidad de que la reglamentación garantice procesos ágiles y evite trabas administrativas que puedan diluir los incentivos.
El régimen aprobado tiene como eje central la promoción de proyectos de inversión productiva, logística, comercial y de servicios dentro del ejido urbano. La iniciativa busca fomentar la creación de empleo formal, fortalecer los encadenamientos productivos y mejorar la competitividad industrial, además de incentivar tanto la radicación de nuevas empresas como la expansión de las ya existentes.
En términos sectoriales, el alcance es amplio. Incluye actividades agropecuarias, agroindustriales, industriales, manufactureras, energéticas, logísticas, comerciales, tecnológicas y de servicios, con un guiño particular a proyectos vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la economía circular.
El corazón del régimen está en los beneficios fiscales. Las empresas que accedan al programa podrán contar con una exención del 100 por ciento en el Derecho de Registro e Inspección durante cinco años. En el caso de firmas ya radicadas en la ciudad, ese beneficio se extiende por un año adicional. Luego, se establece un esquema de reducción progresiva del incentivo durante otros cinco años, con tramos decrecientes del 80 al 10 por ciento.
A esto se suma la eliminación total de tasas, derechos y contribuciones asociados a los trámites necesarios para la radicación o ampliación de actividades, así como la garantía de estabilidad tributaria por una década, un aspecto clave para brindar previsibilidad a los proyectos de inversión.
Para las empresas locales, el régimen contempla una aplicación focalizada de los beneficios, ya que se limitarán a la facturación incremental generada por la nueva inversión, lo que busca evitar distorsiones y asegurar que el incentivo esté directamente vinculado al crecimiento productivo.
Más allá del respaldo, el CCIRR planteó que la ordenanza debe ser entendida como un punto de partida. En ese marco, la entidad insistió en la necesidad de abrir un debate sobre la estructura tributaria local, con especial foco en el DReI, al que considera un factor que actualmente genera distorsiones, desalienta inversiones y penaliza el crecimiento.
La mirada empresaria va más allá de los incentivos fiscales. Propone avanzar hacia un modelo en el que la promoción económica sea una condición estructural del Estado local. Esto implica, entre otros aspectos, garantizar suelo productivo a precios competitivos, asegurar infraestructura energética suficiente y mejorar los accesos viales para acompañar el crecimiento.
En paralelo, también se plantea la necesidad de una estrategia activa de atracción de inversiones. No solo generar condiciones, sino salir a buscar proyectos, posicionando a Rafaela en los ámbitos donde se definen decisiones empresarias y construyendo vínculos que se traduzcan en oportunidades concretas.
Con la ordenanza ya aprobada y a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo, el desafío pasa ahora por convertir la herramienta en resultados tangibles. En un escenario económico competitivo y cambiante, la capacidad de ejecución efectiva será determinante para que Rafaela logre consolidarse como un polo atractivo para la inversión y el desarrollo regional.
FUENTE: LA OPINION
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