Finalmente, luego de una larga espera -más de dos años-, el Ejecutivo firmó un decreto que prohíbe la actividad de lavacoches, en la zona ZEC. Todos esperan que el cumplimiento sea efectivo y que el abandono y la desidia no convierta al centro en un nuevo escenario como el de Av. Mitre.
Este viernes se concretó el fin de una deuda que lleva tiempo en la ciudad. El Intendente firmó el decreto de prohibición para el desarrollo de la actividad de lavacoches y cuidacoches. Aunque en primera instancia se ejecutará en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), la idea es replicarlo en toda Rafaela.
Pese a este favorable contexto, igualmente se debe remarcar que es una medida que debería haberse concretado hace tiempo, porque ya es una problemática de larga data y altamente reclamada por la sociedad ante el constante amedrentamiento, violencia y extorsiones a las cuales eran sujetos cada día, principalmente en la zona del microcentro.
A principio de la actual gestión municipal, dos años atrás, el Ejecutivo había intentado reducir la actividad a partir de mayores controles, vigilancia y un patrullaje pedestre entre Policía, GUR y Protección Vial. Esta medida, valorada por este medio, obviamente no prosperó, pese a insistir y hablar con los involucrados, porque solo con buenas intensiones no se solucionan los problemas de fondo. A esto se le suma que desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) mostraron su malestar por las funciones que el personal de la GUR debía cumplir para desalentar la actividad y que en varias ocasiones provocó altercados y violencia entre los agentes y los involucrados, que incluso uno de esos hechos derivó en una causa judicial hacia un agente.
Además de esto, también se intentó ayudar a muchos de los lavacoches mediante empleo, tratamientos o ayuda pero tampoco prosperaron.
Desde CASTELLANOS se ha ido relatando cada una de las iniciativas que se han procurado para remediar esta situación: registro de lavacoches, chalecos azules, reinserción laboral, capacitación en oficios, programas, controles y patrullajes activos, entre otras tantas medidas; en todas y cada una de ellas se procuró que puedan ser fructíferas, no por la gestión o por quien se «cuelga» el logro, sino por el beneficio que esto implica para la ciudad.
Lamentablemente ninguna de estas iniciativas se tradujeron en resultados concretos, ya sea por falta de voluntades, de continuidad en la medida o simplemente por inoperancia. Ahora, con el nuevo decreto, esperamos que el resultado no siga el camino de sus predecesores. Desde este medio, se espera que los 60 días que se dispusieron para notificar e informar la medida a cada actor involucrado, previo a que se comience a penalizar, cumplan su función y no se extiendan a perpetuidad sin lograr alcanzar el objetivo final, como ya se ha visto con todos los programas e iniciativas que han abordado esta problemática que se busca erradicar.
Pero es difícil confiar, en primer lugar, por la simple razón de que el impacto económico que esto dispone va a ser solo para el vecino que deje lavar su vehículo o para el que brinde agua y herramientas; y no se replicará en un trapito, quien si bien también va a ser multado, obviamente no pagará esa multa, quedando totalmente impune.
Esto no sería algo nuevo en la ciudad, ya que esa impunidad puede observarse actualmente en otro escenario y con otros actores, que tiene que ver con la realidad que se vive en el edificio usurpado en Avenida Mitre. Ese es el claro ejemplo de cómo un grupo de inadaptados pasan por encima al Ejecutivo local, siendo dueños y señores de un espacio que manejan a su antojo por la ineficiencia municipal.
Solo el tiempo de los meses venideros podrán demostrar si, llevándolo a la jerga futbolística, la gestión por fin anota un gol o si, una vez más, perderá el partido por goleada
FUENTE: DIARIO CASTELLANOS
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