Rafaela cierra la etapa administrativa de un grave caso de abuso de poder con la cesantía de tres exjefes de Protección Vial, sentando un precedente de sanción. Sin embargo, todavía sigue pendiente la puesta en funcionamiento de la Agencia de Calidad de Vida Laboral y un protocolo actualizado contra la violencia laboral. ¿Qué pasó con su puesta en marcha? ¿Fue solo una movida política en medio de un año eleccionario? ¿Cómo evitamos otro tipo de situaciones similares?
El pasado 3 de octubre, la Municipalidad de Rafaela clausuró formalmente una de las investigaciones más sensibles de su historia reciente y que tuvo que ver con las denuncias desatada en el área de Protección Vial y Comunitaria. Tras más de dos años de sumario, la resolución final dictaminó la cesantía con justa causa de tres exjefes y la sanción de otros dos, confirmando la gravedad de las denuncias por abuso de poder y violencia laboral. La sanción fue un acto de cierre necesario, un mensaje contundente sobre la intolerancia a prácticas violentas dentro del Estado. No obstante, el eco de esa resolución resalta la falta de dirección política y la inacción en el ámbito de la prevención institucional.
El caso de Protección Vial estalló públicamente en abril de 2023 gracias a la movilización de empleados y delegados del SEOM, situación que no solo expuso un modus operandi de violencia, sino que forzó una reacción política.
Ante la presión gremial y social, el Concejo Municipal, entonces bajo la conducción del actual oficialismo, promovió una respuesta institucional trascendental. En una emotiva sesión realizada el 17 de agosto de 2023, y con la presencia de casi un centenar de trabajadores y dirigentes del SEOM, se aprobó la actualización del Protocolo sobre Violencia Laboral y se decretó la creación de la Agencia de Calidad de Vida Laboral.
Los concejales, incluído el entonces edil Leonardo Viotti, celebraron la nueva herramienta como el «comienzo de una nueva etapa» destinada a «prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral» y a desarticular «prácticas agresivas y arraigadas». La Agencia fue concebida como un organismo independiente de derecho público, con un directorio integrado por representantes del SEOM, del Concejo y trabajadores, respaldado por un equipo interdisciplinario de profesionales. El aplauso fue rotundo; la esperanza palpable y la inacción evidente.
Obviamente toda esta situación cruzada por el transitar de un año electoral, donde aparentemente y según la falta de acciones en este tema, el uso político fue evidente ya que su puesta en función brilla por su ausencia.
El costo de la inacción
Han transcurrido más de dos años desde aquella sesión y la prometida Agencia de Calidad de Vida Laboral no ha sido puesta en funcionamiento. Si bien el protocolo vigente ha sido aplicado por el Departamento Ejecutivo (DEM) a través de la Oficina Municipal de Violencia de Género y la Dirección de Recursos Humanos, la no implementación de la Agencia dinamita la naturaleza de independencia y autonomía que la ordenanza buscaba garantizar. La ley está sancionada, pero la estructura necesaria para operativizar la prevención y protección -incluyendo la línea telefónica de guardia, el equipo especializado y el directorio plural- simplemente no existe.
La demora pone en foco la falta de dirección y prioridad de las sucesivas gestiones municipales para concretar una herramienta que fue catalogada como urgente para la salud de los trabajadores. Cabe aclarar, como se menciona anteriormente, que el Proyecto de dicha agencia fue aprobado durante la anterior gestión de Gobierno, cuando el actual Intendente era Concejal, pero el análisis sigue siendo crítico porque siendo quien impulsó la iniciativa, en casi dos años de gestión no la puso en marcha. La Municipalidad fue capaz de concluir un sumario extremadamente complejo con sanciones máximas, pero ha fracasado en construir el andamiaje preventivo prometido para evitar que futuras víctimas deban enfrentar procesos tan largos y desgastantes.
La resolución del caso en Protección Vial fue una victoria, pero la inexistencia de la Agencia de Calidad de Vida Laboral es la deuda pendiente, manteniendo una puerta abierta para que la violencia laboral pueda gestarse de nuevo en el entorno municipal.
Los abusos de poder, la violencia y el manejo de servicios y horas, son aspectos que deben guardar cierto análisis estricto por parte del Ejecutivo y áreas competentes en el tema para evitar situaciones que podrían pasar a mayores como ocurrió en Protección Vial.
Aunque según información de primera mano a la que tuvo acceso este medio, reveló que situaciones similares vienen sucediendo en otra dependencia relacionada con la seguridad, donde trabajadores han dado a conocer sus insatisfacciones por situaciones puntuales y, hasta el momento, no han encontrado soluciones.
Esto no es todo, sino que información exclusiva a la que tuvo acceso Diario CASTELLANOS, da cuenta de que delegados, agentes, funcionarios del Ejecutivo e incluso representantes del SEOM habrían mantenido un encuentro debido a los reclamos que presentaban, donde se expusieron situaciones como el manejo de horas extras, la falta de reuniones de trabajo con los superiores, la escueta comunicación formal de las órdenes del área, episodios de maltrato, como así también el hecho de atender labores que no son competencia directa de dicha área; reclamos que fueron ignorados.
Estas situaciones son realmente graves en cualquier sector laboral, pero más aún cuando se trata de áreas estatales. Así como necesita de estas dependencias para intentar resolver la cuestión de seguridad en la ciudad, el Ejecutivo debería también poner interés en lo que ocurre dentro de las mismas y no ignorarlas, porque como dice una histórica frase del Martín Fierro, «si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera».
FUENTE: DIARIO CASTELLANOS
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