ECHARON O NO ECHARON A DELVIS BODOIRA DE ANSES COMO PUBLICO UN DIARIO DE LA CIUDAD ??

SEGUN PUBLICA DIARIO CASTELLANOS

El reciente desplazamiento de Delvis Bodoira como titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES Rafaela reaviva un debate fundamental: ¿hasta qué punto es ético y correcto que un funcionario utilice su cargo para fines políticos mientras sigue percibiendo el salario estatal? La respuesta parece obvia, pero los hechos demuestran que sigue siendo una práctica recurrente en diversos niveles de la administración pública.

Según información exclusiva de Diario CASTELLANOS, Bodoira habría sido removido de su puesto luego de que se detectara que, por más de dos semanas, no accedió al sistema del organismo, lo que afectó la operatividad de la oficina local. Además, trascendidos indican que la sede de ANSES Rafaela habría sido utilizada con fines partidarios, lo que generó malestar y críticas dentro y fuera del ámbito institucional. Si bien no hay declaraciones oficiales al respecto, la falta de respuestas no hace más que alimentar la desconfianza de la ciudadanía.

Es aquí donde surge una cuestión clave: ¿por qué no se tomó licencia para abocarse plenamente a la campaña? El ejercicio de un cargo público implica una responsabilidad ineludible con la sociedad. Se trata de administrar recursos estatales, de garantizar que los trámites esenciales de los ciudadanos se realicen en tiempo y forma, y de velar por la eficiencia del servicio. Cuando un funcionario decide postularse para un cargo electivo, lo correcto y esperable es que solicite una licencia y se dedique a su campaña sin interferir con la gestión pública.

 
El caso de Bodoira no es aislado. En cada ciclo electoral aparecen funcionarios que permanecen en sus puestos mientras destinan su tiempo y recursos a objetivos partidarios. Esto no sólo constituye una falta de ética, sino que también atenta contra el principio de equidad en la competencia electoral: utilizar la estructura estatal como trampolín político ofrece ventajas que otros candidatos no tienen.

Más allá del impacto político, lo más grave es la afectación directa sobre la ciudadanía. ANSES es un organismo clave para la vida de miles de personas que dependen de su funcionamiento para acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros beneficios. Si el titular de la UDAI Rafaela no estaba cumpliendo con sus funciones, ¿cuántos trámites se vieron demorados? ¿Cuántos ciudadanos tuvieron que padecer la ineficiencia de una oficina sin dirección efectiva? Estas son preguntas que merecen respuestas claras y transparentes.
El problema de fondo no es sólo la conducta de un funcionario en particular, sino un sistema que permite y, en muchos casos, naturaliza este tipo de prácticas. La falta de mecanismos de control efectivos y la ausencia de sanciones contundentes facilitan que situaciones como esta se repitan. Si bien la remoción de Bodoira podría interpretarse como una señal de que hay límites, el daño ya está hecho. La desconfianza en la administración pública se profundiza cada vez que la política se impone sobre la gestión.

En tiempos donde la credibilidad de las instituciones está en crisis, la política debe dar el ejemplo. Separar lo público de lo partidario no es sólo una cuestión de legalidad, sino de ética y respeto por la ciudadanía. Quienes aspiren a cargos electivos deben hacerlo desde la coherencia y la transparencia, sin perjudicar el normal funcionamiento de los organismos que administran. En este caso, lo correcto hubiese sido que Bodoira solicitara licencia y dejara el cargo para enfocarse en su campaña sin generar conflictos de intereses.

La remoción del funcionario deja una lección clara: la función pública no puede ser una herramienta electoral. Es responsabilidad de quienes ocupan estos puestos demostrar un verdadero compromiso con la gestión y, en caso de querer dar un salto a la arena política, hacerlo de manera ética y sin afectar a la ciudadanía. De lo contrario, los únicos perjudicados seguirán siendo los ciudadanos, quienes ven cómo sus necesidades quedan en un segundo plano frente a los intereses partidarios.

El desafío ahora es que este caso no quede como un simple episodio aislado. Es necesario avanzar hacia un esquema donde la política y la administración pública sean ámbitos separados y donde se garantice que los organismos del Estado trabajen exclusivamente para la gente, sin interferencias ni desvíos de función. Sólo así podremos recuperar la confianza en las instituciones y garantizar una gestión verdaderamente eficiente y transparente.

[email protected]