Estafas inmobiliarias: imputaron a la banda y les atribuyeron más de 50 fraudes en Santa Fe y la región

Las fiscales de Delitos Complejos, Bárbara Ilera y María Laura Urquiza, imputaron este miércoles a los siete santafesinos detenidos por la causa que investiga un fraude inmobiliario que dejó un tendal de estafados en Santa Fe y la región a través de la venta de lotes con escrituras adulteradas.
 
La imputación se dio ante el juez Lisandro Aguirre y fue para los abogados Alfonso Storni y Javier Cóceres; los corredores inmobiliarios Agustín Storni y Diego Parisse; la empleada doméstica María Fernanda Guerra; y los operadores inmobiliarios Atilio Domingo Di Mattía y Emiliano Lihuel Chacón. Todos acusados de integrar una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada dedicada a cometer hechos delictivos de variada naturaleza. Entre ellos, darle apariencia legal a la venta de terrenos cuya posesión o administración no ostentaban para insertarlos en el mercado inmobiliario.

 Según las fiscales, los detenidos, junto con otros implicados en la causa, confeccionaban boletos de compra-venta o sesiones de derechos falsos o hacían insertar declaraciones falsas en instrumentos privados o públicos. Como, por ejemplo, escrituras de sesiones de derechos u otorgamiento de poderes.

Estafas
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que la presunta organización, para ejecutar el fraude, montó la agencia inmobiliaria “AS” y “AS Servicios Inmobiliarias” a cargo del corredor Agustín Storni. Por medio de esa firma, ofrecieron lotes por cuentas de redes sociales que en su mayoría eran administradas por Lihuel Chacón.

 Tras contactarse con las víctimas, mantenían contactos en distintos domicilios en donde funcionaban las sedes comerciales: Seguí al 1700; 4 de Enero 1000; Bulevar Pellegrini al 2800; en un departamento de la zona del Puerto; Juan de Garay al 2900; 9 de Julio al 1200; Hipólito Irigoyen al 2900. En esos domicilios, los acusados le exhibían a las víctimas planos y documentos y planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado.

 Según la imputación, los integrantes de la asociación ilícita no contaban con autorización de sus legítimos propietarios o poseedores de los lotes involucrados. A su vez, los inmuebles ofrecidos no habían sido ofrecidos como quienes se presentaban como los “transferentes”.

 El ardid implicó además que la banda utilizara sellos y documentos oficiales para luego iniciar juicios ante Juzgados Civiles de Santa Fe con el objetivo de ordenar una sentencia para lograr una escrituración de los lotes.

En cuanto a roles, la Fiscalía le atribuyó a Alfonso Storni ser una pieza clave en la estafa al atribuirle ser quien, en su carácter de organizador, articulaba los terrenos, firmaba boletos y se presentaba como referente de AS Inmobiliaria o As Gestión Inmobiliaria. Inclusive, era quien habría iniciado los juicios y gestionaba ante los clientes que reclamaban por la falta de escrituración. Mientras que Agustín Storni y otros involucrados, se encargaban de la logística de promoción de los lotes con escrituras fraguadas.

 En cuanto a María Fernanda Guerra, la Fiscalía le imputó haber confeccionado, junto con otro miembro de la organización, un boleto de compra-venta, en donde un hombre le cedió los derechos, acciones y obligaciones de un terreno de 3 hectáreas ubicados en Colastiné Norte y que era propiedad de una mujer fallecida. Dicha operación implicó la utilización de una firma falsa de la mujer fallecida, como también sellados apócrifos.

 En la audiencia, la fiscal Ilera explicó además que la organización funcionó con ese modus operandi hasta el 2 de noviembre del 2021 y luego mutó y comenzó a actuar bajo dos estructuras distintas hasta el 23 de agosto de este año, cuando se dio el desbarate.

 En dicha subdivisión de la banda, Javier Andrés Cocéres y Diego Marcelo Parisse, asumieron el rol de organizadores de la asociación ilícita, ya que habrían orquestado maniobras para defraudar a terceros por medio de una firma que funcionó en una planta alta de calle Hipólito Irigoyen al 2900 de la ciudad de Santa Fe.

Partes del caso
La imputación leída este miércoles estuvo a cargo de la fiscal Bárbara Ilera, quien además estuvo acompañada por su par, Laura Urquiza. Ambas funcionarias le atribuyeron a los siete detenidos integrar una asociación ilícita de carácter estable y permanente que se dedicó a cometer múltiples delitos. Entre ellos, asociación ilícita, estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la profesión (ver Calificaciones jurídicas).

 La Fiscalía imputó un total de 57 hechos delictivos cometidos por la banda, que contó con diferentes abogados defensores: la defensora pública Virginia Segado tiene la representación de los imputados Guerra y Alfonso Eduardo Storni; Martín Risso Patrón representa a los imputados Cóceres, Chacón y Agustín Storni; los abogados Jorge Questa, Valentina Alesso y Josefina Carten defienden a Di Mattía, y Juan José Patiño es el abogado defensor de Parisse junto a Martín Escurato.

 La causa tiene hasta el momento cuenta con al menos ocho querellas constituidas, aunque podrían sumarse aún más. Los abogados que representan a varias de las víctimas de las maniobras perpetradas por la banda son Alejandro Otte, Ricardo Beglia, Clara Vazquez, Miguel Velazco, Maria Lorena Servian, Daniel Rocca y Catalino Portillo, Leonardo Gonzalez.

 El caso volverá a tener un nuevo avance en dos semanas, cuando se traten las medidas cautelares del caso y se defina si los imputados continúan el proceso detenidos, o con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Calificaciones jurídicas
Las actividades delictivas desplegadas por la banda fueron calificadas como: asociación ilícita, estafas, ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario, falsificación de documento privado y falsificación de documento público, falsificación de sellos oficiales y timbrados en concurso ideal; estafa procesal.

FUENTE: AIRE DIGITAL