Más de 400 víctimas habrían perdido 240 millones de pesos, más de 7 millones de dólares y algunos euros. Este viernes, la familia acusada le pedirá al juez que la deje en libertad mientras continúa el proceso en su contra.
Por ahora continúan presos los hermanos Matías y Fernando Spaggiari en Rafaela. También sigue detenida la madre de ambos, Mirta Condotto. Los dos primeros están alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional. La mujer tiene el beneficio del encierro domiciliario. Los tres están acusados de ser autores de una estafa piramidal que dejó un tendal de víctimas (serían alrededor de 300) que perdieron en total una cifra varias veces millonaria. Desde que el caso estalló, los negros números no paran de crecer. Este viernes, se realizará una audiencia en la que la Justicia revisará las medidas cautelares que pesan sobre los tres imputados.
"La fiscalía nos convocó. Vamos a hablar ante el magistrado. Esperamos que no queden en libertad. Se que eso no me devuelve mis ahorros, pero por lo menos me da un poco de paz. Es gente que ha hecho mucho mal a muchas personas", manifestó Luciana Arnese, una de las damnificadas. A ella, a veces le hace bien hablar del tema y otras "no tanto", como ahora. "¿Sabés en qué coincidimos todas las víctimas? Que acá cualquiera puede estafar y salirse con la suya, porque nadie devuelve nada", disparó.
Las maniobras que investiga la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación ocurrieron entre los años 2019 y 2022. Spaggiari es un apellido con peso propio en el departamento santafesino Castellanos. Matías, Fernando y Mirta manejaban el tradicional grupo inmobiliario de la familia. Años atrás anexaron una nueva "unidad de negocio": inversiones con tasas exorbitantes que atrajo a centenares de incautos interesados y que para el fiscal de la causa, el doctor Guillermo Loyola, se trató lisa y llanamente de una estafa piramidal.
Para el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) los hermanos Spaggiari fueron los organizadores de una asociación ilícita, de la que también participaron su madre y otras cinco personas que se encuentran imputadas en el caso, pero siguen en libertad el paso de la investigación en su contra.
Algunos manejaban la caja, otros realizaban trámites administrativos, otros buscaban "clientes" y cobraban un porcentaje como comisión. La fiscalía sostiene que todos ellos entendían que se trataba de una maniobra ilegal.
Según los últimos números recabados por el MPA, los damnificados serían más de 400 y el perjuicio económico ascendería a $ 240.000.000, U$S 7.240.000 y 11.000 euros.
Maniobra
La maniobra era sencilla. La organización buscaba inversores y los tentaban con jugosas tasas de interés, de hasta el 3 por ciento mensual en dólares.
Como es habitual en estos casos, los primeros que "entraron" en el sistema dieron testimonio de que todo funcionaba sobre rieles y que sus patrimonios crecían exponencialmente. Así, nuevos "clientes" fueron tentados por parientes, amigos y conocidos. Ello explica la cifra sideral que se terminó esfumando.
"Así funciona el denominado esquema Ponzi, la estafa piramidal. Se sostiene mientras siguen sumándose inversores de manera creciente. Si esa cadena se corta en algún momento, todo se derrumba", explicó uno de los investigadores.
El desmoronamiento para la familia Spaggiari sobrevino a fines de 2022. Los primeros rumores sobre el colapso hicieron que el flujo se corte casi por completo. No obstante, aún sabiendo que no iban a poder responder, los presuntos estafadores siguieron recibiendo inversiones hasta que finalmente fueron imputados. En octubre de 2023, se les dictó la prisión preventiva a los hermanos y a su madre.
La Provincia tomó posesión de bienes
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de bienes incluidos en la causa Spaggiari en Rafaela. Los mismos, fueron secuestrados y trasladados a los depósitos de la entidad para su custodia.
Los bienes incautados están valuados en $ 50 millones y estaban guardados en un galpón ubicado en Ripamonti y Francia de la ciudad de Rafaela.
Entre lo secuestrado por Aprad hay una camioneta Ford Ranger y gran cantidad de materiales para la construcción: 30 pallets de porcelanato, bolsas de cemento, herramientas varias, carretillas, perfiles para la construcción y mobiliario entre otros.
Por disposición de la fiscalía, la agencia provincial trasladó el material a sus depósitos para su custodia y definir el destino.
"Estas acciones se enmarcan en el pedido hecho por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno Fabián Bastia en pos de debilitar a las organizaciones criminales pegándoles donde más les duele, que es en su poder económico", aseguró el secretario de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, tras encabezar el procedimiento.
En sintonía, indicó: "Lo primero que debemos ver es la causa para saber si se debe o no resarcir a alguna víctima. Si ello es así, con el producido de las cosas que se subasten se aplicará a devolver al menos parte de lo defraudado a los damnificados.
Si no se rematan estos bienes, serán asignados a lugares en los que puedan ser de utilidad, por ejemplo escuelas, pero esto debemos verlo y estudiarlo una vez que tengamos el inventario de todo lo que secuestremos", remarcó el funcionario.
FUENTE: EL LITORAL
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