Los chats que complican a Katopodis en la Causa Seguros

Cuales son las pruebas que comprometen al ex ministro de Obra Pública en la causa por tráfico de influencias que salpica al ex presidente Alberto Fernández.

El exministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, está comprometido por las últimas revelaciones de la denominada Causa Seguros -la cual compromete también al ex presidente, Alberto Fernández– a raíz de lo que arrojó la investigación a partir de los chats de la secretaria de Fernández, María Cantero. 

Según reveló una investigación del medio Clarín, el ex funcionario intervino en forma directa para que el bróker Héctor Martínez Sosa, marido de Cantero, lograra un contrato por seguros para los Corredores Viales, por 7 millones de dólares anuales. La evidencia son los casi 1.900 mensajes que intercambiaron Cantero y Martínez Sosa, los cuales se encuentran siendo analizados por la Justicia Federal. En dichos mensajes se menciona a Alberto Fernández en casi doce oportunidades. 

Los chats demuestran los nexos de Martinez Sosa con diversos funcionarios. Puntualmente, el 1 de julio de 2021, Cantero le blanqueó a su marido que un ministro de alto nivel había intervenido para conseguirle un negocio, el contrato de los seguros en las autopistas que implicaba una suma millonaria para Martinez Sosa. Cantero le escribe: “Me acaba de decir Kato (por Gabriel Katopodis) que lo que le pediste de Corredores Viales ya está. Y que cualquier cosa lo llames”, y Martinez Sosa le responde «Okkk». Un diálogo que prueba la vinculación con el ex ministro de Obras Públicas. 

 Katopodis realizó su descargo a través de redes sociales luego de que lo acusara de beneficiar con un contrato de siete millones de dólares a la empresa de seguros de Martínez Sosa. “No intervine ni tomé decisiones para beneficiar a ninguna empresa”, aseguró el ahora funcionario del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. 

“Todos los que conocen mi trabajo, los que me quieren y los que no, saben cómo hago política, cómo administro los fondos públicos y cómo es mi vida. Por eso no voy a dejar que se diga cualquier cosa”, sentenció Katopodis. 

Según Clarín, el contrato de Corredores Viales estaba en manos de otro prestador, Castello Mercuri, que había sido elegido para intervenir en “caracter de asesores de seguros respecto de las pólizas vigentes, renovaciones y contratación de nuevas coberturas” de acuerdo a documentos oficiales. Hasta que intervino Katopodis. 

 El contrato con Castello Mercuri se había constituido antes del Decreto que firmó Alberto Fernández en 2021 y que obligaba a todos los organismos del Estado a contratar a Nación Seguros, por un total de siete millones de dólares anuales.

Según la publicación, el 14 de diciembre de 2020 el directorio de Corredores Viales informó que Castello Mercuri S.A. era la compañía que iba a asumir la “responsabilidad civil, todo riesgo operativo, seguro ambiental, operaciones viales y terceros en tránsito, responsabilidad civil y/o todo riesgo flota vehículos, entre otros aspectos” y se aclaró que la contratación respondía a la necesidad de la empresa de “proceder a la optimización del esquema de las diversas coberturas provenientes de una decena de concesionarios viales”. 

Un año después, luego del Decreto firmado por Fernández, Castello Mercuri S.A. recibió la notificación de que no continuarían con esa contratación. La fecha coincide con el inicio de las gestiones Martinez Sosa. El 1 de julio de 2021 le aseguran al broker que lo que había pedido “ya estaba” solucionado. 

Según la investigación de Clarín, el cambio de contratación para dejar afuera del negocio a Castello Mercuri, se realizó tras una reunión del directorio de Corredores Viales donde se desplazó de sus funciones a su entonces presidente, Gonzalo Atanasof, quien había otorgado el contrato a dicha firma. Acto seguido se nombró a un nuevo gerente general y a un asesor de legales y quedó designada la compañía Bri Broker S.A., detrás de la cual estaba Martínez Sosa. Por esta contratación, Bri Broker recaudó en concepto de comisiones, entre 2022 y 2024, 30.260.148 pesos.

FUENTE: BORDER PERIODISMO