Importantes cambios en la distribución de subsidios para el cine argentino.
El Gobierno nacional anunció una serie de importantes cambios en la financiación del cine nacional con el objetivo de optimizar el uso de los recursos estatales y garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera más eficiente.
Según un comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, “el Gobierno decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores”.
Esta decisión se produjo después de analizar las cifras de espectadores de las producciones subsidiadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante 2023: más de 100 películas que recibieron fondos tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una; y algunas incluso no superaron los 10 espectadores.
El nuevo enfoque de financiación fue anunciado mediante el decreto 662/24, que introduce modificaciones sustanciales en la distribución de subsidios para el cine nacional. Estas medidas fueron acordadas tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura, dirigida por Leandro Cifelli, el INCAA, bajo la dirección de Carlos Pirovano, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
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Principales cambios
Uno de los más significativos es que las producciones que busquen obtener subsidios deberán financiar al menos el 50% de sus proyectos con recursos propios. Además, se introdujo un tope máximo al financiamiento de cada producción para evitar que unos pocos proyectos acaparen los recursos estatales año tras año.
Otra de las disposiciones establece que las productoras que hayan recibido subsidios no podrán solicitar más recursos públicos durante el año siguiente a la finalización de su proyecto.
El decreto también establece que el Fondo de Fomento Cinematográfico se aplicará a los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del INCAA, pero sin superar el 20% del total de los recursos anuales percibidos. Esto empezará a regir a partir del 1º de junio de 2025.
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