Servicios esenciales y derecho a huelga: el mega DNU de Milei impacta de lleno en las paritarias provinciales

Es por la ampliación de la nómina de servicios esenciales y la severa restricción del derecho a huelga. Casi no podrán hacer paro: docentes, asistentes escolares, enfermeros, camilleros, médicos, profesionales de la salud en general y personal de la EPE y ASSA. El desequilibrio de poder en las negociaciones y el derrame sobre policías y penitenciarios por los acuerdos salariales de referencia.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 70 firmado el 20 de diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei, denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, afectará notablemente las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial de Santa Fe y los diversos sindicatos relacionados con el sector público.
 
Así se desprende del Capítulo IX “Servicios Esenciales” del Título IV “Trabajo”, hoy suspendido por numerosas medidas cautelares presentadas por organizaciones gremiales y principal motivación del paro general previsto para el 24 de enero próximo.

 Es que el megadecreto desregulador tiene, paradójicamente, un componente hiperregulador en materia del derecho constitucional a la huelga, y en términos severamente restrictivos.

 Por un lado, amplía la lista de los denominados “Servicios Esenciales” e incorpora la categoría de “Actividades de Importancia Trascendental”. Por el otro, impone pisos altos de prestación laboral obligatoria que licúan el poder de presión de los sindicatos y su herramienta del paro para, así, desequilibrar la cinchada paritaria en favor de las patronales.

 Hasta el dictado del DNU, se consideraban esenciales “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”, que debían garantizar “la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.

 En el caso de que quede firme el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70, se incluye en esta nómina, entre otros rubros, al “cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”. Pero, además, advierte que “en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”.

 
Las disposiciones del DNU N° 70 de Javier Milei limitan severamente el derecho a huelga en el sector público.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Para ponerlo en ejemplos concretos. Ya está en marcha la paritaria docente santafesina, que en los próximos días concretará su segunda reunión después del clásico encuentro inicial de apertura. La disputa por el salario trae consigo, habitualmente, momentos de conflicto que se expresan en paros y movilizaciones de Amsafe y Sadop. Más aún en una instancia de estrechez económica y alta inflación.

 Si el DNU se consolida, la habilitación legal para ejecutar la huelga quedaría reducida a sólo el 25% del plantel docente. Dicho de otro modo: si una escuela primaria cuenta con 100 maestros, 75 estarán obligados a seguir dando clases. El peso de la medida de fuerza se achicaría sensiblemente y, con él, la capacidad de presión sobre el gobierno provincial.

 Lo mismo corre para la paritaria central, donde intervienen UPCN y ATE. En los hospitales y centros de salud, por caso, dejaría de ser suficiente con garantizar guardias mínimas para pasar a la exigencia de la prestación del 75% del servicio. Igual parámetro para los médicos de AMRA y los profesionales de SIPRUS, que además suelen moverse en su respectiva negociación con la pauta acordada por los gremios docentes y estatales. Otro tanto ocurre con el personal de la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas.

 En cuanto a las “actividades de importancia trascendental”, el mega DNU establece para esas tareas un mínimo de prestación del 50% en ocasión de conflictos. Allí aparece la “Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios”, con lo cual en el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia (LIF) sólo podría paralizar sus labores la mitad del personal.

 Idénticas reglas quedan dispuestas para los “servicios de radio y televisión”. En 2022, la Asociación de Prensa de Santa Fe encabezó dos paros totales en el multimedio estatal santafesino RTS en reclamo de la regularización de varios trabajadores, objetivo que finalmente se logró tras arduas conversaciones. Con el DNU 70, ese escenario sería irrepetible.

 Hay, finalmente, otro servicio especialmente crítico en la actualidad de la provincia. No tiene paritarias ni derecho a huelga. Pero su actualización salarial posee como referencia ineludible los acuerdos salariales de sus colegas estatales. Son las fuerzas de seguridad, policías y penitenciarios, que dependerán más que nunca del estado de las finanzas provinciales y la buena voluntad del gobernador que les toque.

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